domingo, 30 de marzo de 2014

El FPDT se solidariza con los abogados Leonel y Sandino Rivero, recientemente amenazados



Crecen las amenazas contra Leonel y Sandino Rivero, encargados de la defensa en distintos casos de corte social y político. “Es algo que no podemos permitir, ni contra ellos ni contra nadie”, claman sus defendidos desde Atenco.


México, DF. Detrás de las amenazas a los abogados Leonel y Sandino Rivero “hay intereses muy grandes”, considera Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. “Los amenazan a ellos, a periodistas,  a todo mundo. Nos quieren tener controlados y no lo debemos permitir”, agrega la activista. Leonel Rivero exige a las autoridades que investiguen verdaderamente las amenazas, pues “de nada sirve traer escolta si no podemos hacer nuestro trabajo”.

El abogado habla con conocimiento de causa: de todas las amenazas recibidas durante su trabajo, ninguna –ni siquiera el atropellamiento de su esposa- se ha resuelto a fondo. Las autoridades de la Procuraduría General de la República ya anunciaron que archivará el caso más reciente, que tuvo sus momentos cumbre en marzo de 2013, con el allanamiento del despacho-casa de los Rivero en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la irrupción y registro fotográfico de una reunión de trabajo en Colima.

El nuevo ciclo de amenazas comenzó en enero de 2013, cuando los titulares del despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos tomaron el caso del famoso preso tzotzil Alberto Patishtán –quien fue liberado en octubre del mismo año, después de 13 años de cárcel acusado del homicidio de siete policías- y entraron a la coadyuvancia del caso de Juan Francisco Kuykendall, asesinado presumiblemente por fuerzas policiacas federales durante las protestas contra la asunción presidencial de Enrique Peña Nieto.

No son los primeros casos del alto relieve político que estos abogados litigan. Leonel Rivero fue defensor exitoso de estudiantes universitarios del Consejo General de Huelga (CGH) y de los presos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra; trabajó en el caso de su colega asesinada, Digna Ochoa; su despacho defiende a los guardias comunitarios de Aquila, Michoacán, y trabaja en el caso de dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Para Atenco, la intervención de los abogados Rivero en su caso significó, en dos ocasiones (2002 y 2006) la libertad de sus principales líderes. “Es un abogado completamente honesto. Tiene las herramientas jurídicas, pero también la visión de derechos humanos. No es de los que va, toma tu caso, te engaña y luego te dice que no se pudo hacer nada”, resalta Trinidad Ramírez. “Consideramos muy grave que lo estén amenazando”.



Ante la falta de garantías, ser abogado o defensor de los derechos humanos implica no poder llevar a cabo su trabajo, “una labor que debe estar libre de cualquier tipo de obstrucción y amenaza. Implica lo que hace algunos años Amnistía Internacional señaló del trabajo de los defensores de derechos humanos, que se ponían en la línea de fuego. Lamentablemente es poco alentador, pero así se está viviendo”, reconoce Rivero.

Espionaje sofisticado
Las amenazas comenzaron en enero de 2013, cuando el despacho Defensa Estratégica en Derechos Humanos entró a los casos de Patishtán y Kuykendall. Los primeros actos de hostigamiento consistieron en la grabación de sus conversaciones telefónicas y su diario envío a los buzones de voz de los teléfonos celulares de Leonel y Sandino Rivero. Las conversaciones grabadas, especifica el abogado, eran las relacionadas con los asuntos más sensibles del día. Curiosamente, los mensajes eran borrados en momentos posteriores.

“En principio pensamos que era una falla técnica de la empresa TELCEL, que nos explicó que era imposible que eso sucediera. A partir de ese momento, y dado que estábamos en etapas sensibles de esos asuntos, decidimos solicitar la incorporación al Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas”, explica el litigante. Las medidas de protección les fueron otorgadas en marzo de 2013, y se les solicitó interponer una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Los mensajes grabados continuaron a lo largo de 2013 y hasta febrero de 2014, de forma casi diaria, revela Rivero Rodríguez.

El hostigamiento subió de intensidad. Ya no sólo se trataba de conversaciones telefónicas grabadas, sino de charlas sostenidas en sus oficinas de Tuxtla Gutiérrez y en sus domicilios. Aunque los abogados no señalan a un responsable en particular, “evidentemente, todo eso necesita de un alto nivel de sofisticación y de aparatos de intercepción telefónica que no cualquiera tiene”, acusa.

Los defensores tomaron los casos de Aquila, además de los militantes del EPR, “lo que generó cierta inquietud en algunas instituciones a las que la familia y el grupo armado han atribuido su participación en la desaparición”. En las primeras horas del 17 de enero de 2014, Leonel Rivero recibió amenazas directas en su casa. Le dijeron: “Mira, no me estés chingando la madre porque te estoy hablando bien, verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy, verdad, pero soy algo“. Los abogados optaron por cambiar el número telefónico de su domicilio.

A inicios de marzo, los abogados sostuvieron una reunión con familiares de guardias comunitarios de Aquila en el salón de un hotel, en Colima. Aunque se trató de una reunión de trabajo privada, tres individuos trataron de irrumpir con cámaras y grabadoras bajo el argumento de ser periodistas; nunca mostraron una identificación, pero sí fotografiaron a los asistentes.

El 10 de marzo se dio el allanamiento a las oficinas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El abogado, que siempre toma ciertas medidas antes de salir, dejó la casa cerrada. Al volver, se encontró con las puertas traseras abiertas y las luces encendidas.

“Son tantos los intereses del gobierno en este caso, y de quienes están detrás de las amenazas, que cualquier abogado honesto y que trabaja para el pueblo les estorba”, declara Trinidad Ramírez.

Escoltas e impunidad
Las amenazas de muerte y hostigamientos contra el abogado Rivero se han dado desde el año 2000 e incluyen toda una variedad de acciones: allanamiento y apedreamiento a su domicilio, grabaciones telefónicas amenazantes, una agresión a sus escoltas después del asesinato de Digna Ochoa, el asesinato de uno más, el atropellamiento de su esposa y llamadas.

La constante en todos los actos de intimidación ha sido que no se castigan; incluso, al responsable del atropellamiento  (“al que nosotros detuvimos”, precisa Leonel Rivero) se le liberó. La periodista Blanche Petrich reportó en 2005 que ninguna de las denuncias anteriores se resolvió (alguna fue calificada de “broma” por las autoridades) y que en al menos tres ocasiones, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) levantar las medidas de protección de que gozaban Leonel Rivero y otros dos litigantes.

El patrón de amenazas e impunidad “desafortunadamente” no es nuevo, reconoce Rivero. Está como ejemplo el asesinato de Digna Ochoa y todas las agresiones de que fue objeto la también abogada Pilar Noriega –ambas compañeras de Rivero.

Sobre las actuales agresiones, el Mecanismo de Protección (dependiente de la Secretaría de Gobernación) brindó a los dos abogados escolta, además de que en las fueras de sus oficinas de Tuxtla Gutiérrez hay elementos de la policía estatal.

“Lo que solicitamos es que el Estado investigue de forma eficaz”, reitera el abogado, y agrega que en el mes de febrero de 2014 recibieron una notificación de la PGR de que su caso se enviaría a reserva por no encontrar elementos suficientes para continuar con la investigación. La Procuraduría ordenó anteriormente un barrido electrónico para detectar los aparatos con los que estarían grabando a los abogados, pero la diligencia no se llevó a cabo sin que se hayan explicado las razones.

Trinidad Ramírez advierte que desde Atenco, estarán pendientes de la situación. “Y seguiremos trabajando con ellos, porque nuestras tierras siguen amenazadas”, abunda. “Nosotros confiamos totalmente en él”.

“Lo que se requiere es que realmente se garantice el ejercicio de nuestro trabajo, porque desde el momento en que se graban las conversaciones con nuestros clientes, se pierde cualquier tipo de privacidad en las comunicaciones, no podemos establecer ningún tipo de estrategia ni hablar de cuestiones delicadas de los procesos. De algunos de nuestros clientes se puede poner en riesgo su vida o su integridad física”, finaliza Rivero.

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